El Plan Especial de Educación Rural
Por: Vanessa Cabrera, Asesora Estrategia de educación y ciudadanía, Corporación Viva La Ciudadanía, Secretaria Técnica Mesa Nacional de Educaciones Rurales Colombia.
El Plan Especial de Educación Rural, una apuesta y una oportunidad que no ha logrado despegar
En noviembre se cumplen 4 años de la implementación del “Acuerdo Final Para La Terminación Del Conflicto y La Construcción De Una Paz Estable y Duradera”, y es importante revisar cuales han sido los avances, los retos y dificultades que se han presentado en la ejecución de las políticas y planes que incorporó el acuerdo para la transformación de las regiones.
El punto 1 de lo acordado en la Habana “Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral”, contempló la formulación y puesta en marcha de planes nacionales para la reforma rural integral, cuyos objetivos principales son: “Por una parte la superación de la pobreza y la desigualdad, para alcanzar el bienestar de la población rural; y por otra, la integración y el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad”. Uno de estos planes es el de educación, cuyo mandato fundamental es que se diseñe e implemente el Plan Especial de Educación Rural (PEER) que tendrá como objetivo “brindar atención integral a la primera infancia, garantizar la cobertura, la calidad y la pertinencia de la educación y erradicar el analfabetismo en las áreas rurales, así como promover la permanencia productiva de los y las jóvenes en el campo, y acercar las instituciones académicas regionales a la construcción del desarrollo rural.”[1]
El PEER se debería implementar durante los próximos quince años, coincidiendo con la implementación del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, es decir que esa implementación ya tiene 4 años de retraso.
Adicionalmente, aunque el plan está dirigido a todas las zonas rurales, aunque quedó establecido que se priorizarán algunas acciones en los 170 municipios focalizados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Decreto 893 de 2017) con el fin de contribuir en la construcción de los 16 Planes de Acción para la Transformación (que son los mismos Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que llevará a cabo la Agencia de Renovación del Territorio (MEN, 2018a, p. 79).
Antecedentes generales de la educación rural
La discusión sobre políticas públicas dirigidas a la construcción de Planes de Educación Rural no es nueva en el país, y tampoco empezó con el Acuerdo de Paz; la década de los 90 fue una coyuntura crítica para la población del campo colombiano. La política de apertura económica trajo consigo incentivos a las importaciones; productos agrícolas fundamentales en la economía nacional perdieron precio, entre ellos el café, cuyo pacto internacional de precios se rompió en 1989. Todo esto significó una década de crecimiento de la pobreza en el campo y ampliación de la brecha con la zona urbana. La situación desembocó en las marchas campesinas que conmovieron al país.
En 1996, se hizo el “Contrato Social Rural”, como compromiso del Estado para mejorar las condiciones de vida de los pobladores rurales; en él se incluyó la necesidad de modificar la educación, en la línea de contrarrestar las evidentes inequidades existentes aún hoy. En la época, se trataba, ante todo, de incrementar la cobertura de la educación básica, con mayor énfasis en educación preescolar y secundaria; se consideraba que casi se había alcanzado la cobertura total en la básica primaria; de la educación media se hablaba menos, porque la insuficiente cobertura de la secundaria hacía que la demanda fuera escasa.
Se tomaron decisiones que condujeron al proyecto de Educación Rural (PER), cuya preparación hasta 1999 dio lugar a una amplia consulta con actores educativos y sociales del sector oficial y de la sociedad civil. La consulta incluyó el estudio de estrategias alternativas a las convencionales que pudieran ser útiles para ampliar la cobertura de la educación de preferencia en zonas de dispersión poblacional. De ese universo se seleccionaron algunos de los actuales Modelos Educativos Flexibles (MEF), que se pusieron a disposición de las entidades territoriales participantes en el PER como opciones educativas. En el 2009 se continuó con la fase II del PER Las acciones se orientaron a facilitar el acceso de los jóvenes rurales a la educación, y al desarrollo de procesos de formación y acompañamiento a los docentes para mejorar la calidad, pertinencia y relevancia de sus prácticas. De este ejercicio se formularon manuales para la elaboración de planes educativos rurales, y materiales para formulación de proyectos pedagógicos productivos.
En lo regional también se han desarrollado modelos de formación escolar rural. Experiencias como la plataforma social llamada Acción Cultural Popular (ACPO), con las escuelas radiofónicas campesinas de radio Sutatenza que utilizaron la radio como instrumento de alfabetización y formación ciudadana y política de campesinos y campesinas, fundada por el Sacerdote Jesuita José Joaquín Salcedo en 1947, desarrollada hasta 1989, sigue cobrando vigencia en los territorios.
Otra iniciativa es el modelo educativo “Champalanca” proyecto Etnoeducativo intercultural del Bajo Atrato en el Chocó, diseñado en el 2013, con apoyo de los Consejos Comunitarios del Bajo Atrato (Ascoba) centrado en la construcción de currículos pertinentes. Está también el modelo de Escuela Nueva que es un referente en la construcción de modelos flexibles, que han estado presentes desde la década de los 70. Todos estos referentes se constituyen en avances y experiencias para la educación rural.
En la actualidad este tipo de apuestas han seguido en aumento, consolidando capacidades, modelos de aprendizaje, lo que representa una entrada inicial para la materialización de políticas educativas rurales.
A esto se le suma también que en el actual Plan de Desarrollo Nacional quedó planteada la construcción de la Política Pública de Educación Rural en el objetivo 4 “Más y Mejor Educación Rural”. También, en el marco del plan decenal de educación 2016- 2026, se menciona la implementación de medidas de educación rural, al igual que en el Informe de la OCDE para educación en 2018,con un capítulo sobre la situación actual de educación rural, en términos de la importancia del cierre de brechas en lo rural urbano y la ruralidad dispersa, lo que nos hace pensar que hay una lógica de apuestas nacionales, pero, ¿ Hasta qué punto se materializan y logran conectarse estas iniciativas en lo territorial?.
Con el fin de realizar un análisis sobre lo que ha pasado 4 años después de la firma del Acuerdo de Paz en el diseño e implementación del Plan Nacional de Educación Rural (PEER), abordaremos los siguientes aspectos:
a). Ruta de construcción- oportunidades -ventajas, desventajas.
b). Panorama actual, (metas, indicadores) que presenta el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para la ejecución
c).Conclusiones y recomendaciones.
1. ¿Qué representa el plan Especial de Educación Rural?
De acuerdo con las cifras del Censo Nacional Agropecuario de 2014, el 73% de la población menor de 5 años que habita en el campo no tiene acceso a la educación inicial, sino que permanece con su familia en casa y apenas el 17% tiene algún tipo de atención (guardería, hogar comunitario, centro de desarrollo infantil o guardería). En las áreas rurales dispersas se encuentran desafíos para garantizar la educación básica. En La Guajira, la población tiene en promedio 3,5 años de escolaridad, mientras en el Quindío, la población tiene en promedio 6,8 años de escolaridad. Las brechas entre los departamentos son de 1,5 años en promedio de escolaridad, es decir que están lejos de alcanzar a cursar todos los ciclos de educativos correspondientes (DANE. Censo Nacional Agropecuario 2014). Estos acercamientos a la realidad denotan la falta de medidas y de garantías para el acceso a la educación.
Lo que existe hasta ahora es un borrador del Plan Nacional de Educación Rural, cuyo diseño tuvo diferentes momentos, que partieron de un interés por algunos sectores por posicionar la educación rural como parte de la agenda pública:
- Liderado por los equipos del Ministerio de Educación, donde se tomaron como base los insumos del Proyecto de educación rural (PER) con los resultados del contrato social rural de 1999, elaborando una versión preliminar.
- Una consulta-participación, teniendo en cuenta que algunas organizaciones, plataformas y redes de la sociedad civil, tienen como parte de sus agendas programáticas la educación rural, desde la Mesa de Política Pública Para La Paz se empezó a propiciar acercamiento con el MEN, para poder contribuir a mejorar los componentes del Borrador, para esto se entregaron diferentes insumos que correspondían a los ejes que orienta al PEER, que eran el resultado de los trabajos que realizan las organizaciones en los territorios. De igual forma en el marco del IV de Educación Rural organizado por la Mesa Nacional de Educación Rural, se toma como eje articulador el PEER, y se entregan las memorias que orientan los componentes de educación rural. Estos productos se incorporaron en las estrategias fortaleciendo la estructura. En la institucionalidad se establecieron mesas de trabajo con los equipos de básica, secundaria y media, para el desarrollo de iniciativas articuladas. Y finalmente,
- Para el posicionamiento por parte de las organizaciones, se empezaron a realizar acciones de incidencia para poder exigir la expedición del documento, y se presentó la idea realizar un piloto en algunas zonas, pero no tuvo resultados. Es por esto que la Mesa de Política Para La Paz y la Mesa Nacional de Educación Rural, decidieron publicarlo como borrador y poder divulgarlo en las zonas donde se tiene intervención para que se conozca, y pueda fortalecerse la formulación final del plan.
El Documento Borrador de Plan Especial de Educación muestra un panorama amplio del contexto educativo rural, que buscar ser abordado partir del análisis de diferentes dimensiones como familiar, educativa, comunitaria, procesos educativos, que van más allá de entender la escuela como un espacio físico cerrado, sino que se articula con las dimensiones territoriales.
La estructura del PEER se entiende como una hoja de ruta para dar respuesta al cierre de brechas en cuanto a acceso, garantías de permanencia y calidad, para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes permitiendo potenciar la productividad y el desarrollo económico de las regiones rurales dispersas.
Las dimensiones que se configuran en la estructura, académica, docentes, ambiente escolar y bienestar, infraestructura, dotación administrativa, familia y comunidad (transversal), permiten entender la educación rural como un proceso secuencial de desarrollo territorial; contribuyendo al desarrollo de procesos pedagógicos desde una perspectiva social, educativa y comunitaria. De igual forma el robusto componente de diagnóstico educativo rural, posibilita una lectura de realidad integral que va desde el acceso, permanencia escolar, deserción escolar, situación docente, infraestructura, calidad educativa, dejando entrever que las medidas no solo se direccionan a garantías de acceso y la infraestructura física sino a un conjunto de componentes que deben ser implementados en las zonas rurales.
En relación con la educación superior se plantea la estrategia Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED)., que se entienden como un mecanismo para promover el relacionamiento estratégico entre el sector productivo, el sector público, la cooperación internacional, las organizaciones sociales y/o comunitarias y la academia, a través de la implementación de modelos flexibles, acceso y permanencia.
La ruta de implementación está orientada a procesos de participación de las comunidades rurales, donde no solo hacen parte sino que intervienen en las apuestas educativas rurales a través de procesos de autogestión social y comunitaria para la alimentación escolar, y la construcción de proyectos pedagógicos.
Si bien se reconocen por parte de las organizaciones algunos elementos de avance contenidos en el documento borrador, también se han identificado una seria de debilidades y de desventajas entre las cueles destacamos las siguientes:
- Implementación y la destinación de recursos: La falta de adopción y de expedición del documento hasta la fecha hace que no se reconozca en las regiones como un instrumento de política en materia de educación rural, la mayoría de las secretarias de educación no conocen el documento, el desfinanciamiento de la educación rural, la falta de recursos para su implementación se necesitan dos billones de pesos adicionales al año del presupuesto público para llegar a las zonas rurales de los 170 municipios priorizados (Oscar Sánchez- Coordinador Educapaz), y lo que se evidencia en las zonas rurales es que no hay presupuestación, ya que los recursos que se giran por vía Sistema General de Participaciones (SGP), son para cubrir dotación, infraestructura y planta docente.
- Articulación y concertación regional: En el marco de las iniciativas PDET, que se relacionan con el Pilar 4 de educación rural, no hay una articulación con el PEER; se perciben como propuestas fragmentadas. Pese a la agenda educativa rural, en los territorios ha tenido mayor fuerza, por ejemplo, en Tolima, con la formulación de proyectos educativos municipales para las zonas priorizadas o el caso de Antioquia con los sistemas de aprendizaje rural. No en todas las regiones se ha logrado avanzar en este tipo de iniciativas, ya que se necesita voluntad política, y una continuidad en el desarrollo de procesos; lo mismo que en los planes de desarrollo locales.
2. Panorama actual Plan especial de Educación Rural
Hasta el momento solo se cuenta con un documento borrador y en conversaciones con el equipo de Ministerio de Educación encargado del tema de educación rural a comienzos de este año se menciona que el PEER, tuvo un ajuste en el texto preliminar y que se va a expedir por decreto, pero hasta la fecha no se ha logrado, y tampoco se conoce el texto ajustado.
Los avances de educación rural se focalizan con la intervención de las zonas PDET, para dar cumplimiento a algunos indicadores de educación rural el marco del acuerdo de paz.
En el marco de estos 22 indicadores, El Ministerio de Educación Nacional, estableció la estrategia “Trayectorias Educativas En La Ruralidad” que tienen el objetivo de fortalecer las apuestas educativas rurales por las zonas PDET, con la puesta en marcha de diseños curriculares, lineamientos técnicos, activación de protocolos.
En el Informe de gestión “2 años de paz con legalidad “se reflejan una serie de acciones que corresponden a asuntos como:
Avance en temas como (Fuente informe de gestión ART)
- Establecimientos Educativos con referentes de vocación ciudadana: Se beneficiaron 252 Establecimientos Educativos de los cuales 2306 fueron focalizados en contar con referentes de formación para la ciudadanía, un cumplimiento de 10,93%.
- Fortalecimiento de sedes educativas: Para 2019 se cuenta con 1.776 sedes educativas construidas y/o mejorados 66 en zonas rurales del país, de las cuales 1.392 sedes están ubicadas en zonas PDET.
- Alfabetización rural: Se atendieron 5.383 personas de población adulta analfabeta ubicada en sectores rurales dispersos, 3.233 de municipios PDET en el ciclo lectivo especial integrado CLEI 1 de la educación formal para adultos.
- Modelos Educativos Flexibles: Se beneficiaron con modelos educativos flexibles 888 sedes educativas ubicadas en zonas rurales, de estas 558 corresponden a sedes ubicadas en municipios PDET, un porcentaje de cumplimento de la meta de 5,57% para rural y 14,72% para PDET.
- Transporte escolar rural: El 89,4% de las ETC cuenta con estrategia de transporte escolar para la vigencia 2019.
- Primera infancia: Se garantizó la atención integral a la primera infancia a 500.350 niños y niñas ubicados en zonas rurales, 130.242 niños y niñas atendidos provenientes de municipios PDET y 41.502 niños y niños en zonas rurales con acuerdos colectivos para la sustitución de cultivos de uso ilícito.
- Sedes Educativas: 22.073 sedes educativas ubicadas en zonas rurales, de estas 203 corresponden a sedes ubicadas en municipios PDET, se beneficiaron con dotación gratuita de material pedagógico (útiles y textos), un porcentaje de cumplimento de la meta de 66,44% para rural y 11,23% para PDET.
- Acceso y permanencia: Se garantizó la exención del 100% del pago de derecho académicos y servicios complementarios a estudiantes atendidos en 6.666 establecimientos educativos oficiales en zonas rurales del país con una matrícula oficial rural de 2.116.794. Y con relación a los municipios PDET el número de establecimiento educativos oficiales en zonas rurales es 1.838 y una matrícula de 584.263 estudiantes. Para esto se giraron recursos por un valor de $186.440 millones (USD 49,1 M) financiados a través de recursos del SGP, de estos $50.622 millones (USD 13,3M) se asignan a municipios PDET.
En el marco del programa Generación E67, se cuenta hoy con 9.626 estudiantes beneficiados en los componentes de equidad y excelencia provenientes de 535 municipios rurales, y 11.315 estudiantes beneficiados provienen de 168 municipios PDET (zona rural y urbana).
Se cuenta con 5 nuevos programas en educación técnica, tecnológica y universitaria en áreas relacionadas con el desarrollo rural. [1]
Una mirada de estos resultados permite concluir que se trata de medidas adoptadas de manera fragmentada y focalizada por zonas para la prestación del servicio educativo en lo rural, pero no de manera articulada, lo que impide tener una visión integral de los avances. Como se observa en las metas, no se menciona en ninguna parte la incorporación de las estrategias que articuló el PEER, hay una gran concentración en las medidas para la cobertura escolar en las zonas PDET, presentando un desbalance con las zonas rurales que no están priorizadas.
Con relación al tema de la cobertura de las sedes educativas rurales según cifras para el Dane 2019, corresponde al 67,3% para un total de sedes educativas 36.015, donde la mayoría enfocan sus servicios en el nivel de básica primaria, y en los indicadores de avance solo evidencia un porcentaje menor de intervención en las sedes con Modelos Educativos Flexibles, material pedagógico. Tampoco se desarrollan los avances en la implementación de proyectos pedagógicos productivos, y los sistemas de aprendizaje. En el nivel superior se reflejan estrategias como programas educativos, beneficio de becas para el acceso, pero no se integra la implementación de las Alianzas Rurales de Educación y Desarrollo (ARED), en cada zona.
En el marco de los Planes de Acción para la Transformación de los Territorios,(PATR) se reflejan indicadores de política, para cada una de las zonas en el caso de educación rural hacen referencia a temas como:
a). Atención a primera infancia.
b). Cobertura calidad y pertinencia de educación rural para preescolar básica, media.
c) Cobertura calidad y pertinencia de la educación técnica tecnológica, y universitaria en zonas rurales, estos se consolidan a través de estrategias y programas, que permiten dar cumplimiento a cada componente, cuando se revisa el balance de los PDET, en las zonas no se refleja los niveles de avances por cada uno de los indicadores solo indica en algunos casos porcentajes de cobertura escolar y retos que hace referencia a permanencia escolar.
Desafíos y retos de la educación rural
Resulta incierto y preocupante el panorama de educación rural en los 4 años de implementación del acuerdo de paz, no hay una postura clara frente a la intervención y ejecución del PEER, todo parece indicar con estos avances que la implementación esta reducida y direccionada algunas medidas de los PDET, y esto en algunas zonas con intervenciones fragmentadas, no hay una visión de consolidar en lo territorial políticas educativas rurales.
Más que retos quiero dejar algunas reflexiones generales que surgen de diferentes escenarios como la Mesa Nacional Educación Rural , espacio de confluencia diferentes actores, en donde lideres como Myriam Jiménez integrante de la misma consideran que : “ La política de educación rural debe partir del reconocimiento de que la guerra ha tenido en la ruralidad su origen y su territorio de operación y que por lo tanto allí́ tiene su territorio de reconstrucción y reconciliación, lo que implica urgentes esfuerzos en priorizar un proceso educativo que según las lógicas y realidades territoriales resignifique nuevas maneras de habitarlo y de relacionarse con este”
Con relación a todo lo anterior sugiero tener presente los siguientes puntos:
1.Formulación de planes educativos rurales: es importante seguir avanzando en posicionar la educación rural como parte de la agenda pública, para esto se hace necesario propiciar la concertación con las secretarias de educación, en alianza con procesos regionales para trazar los componentes que debe integrar una política educativa rural, de igual forma en el marco de las elecciones parlamentarias para 2022, propiciar escenarios de encuentro para la apuesta y consolidación de las iniciativas educativas rurales.
2.El PEER como una hoja de ruta: incorporar las dimensiones que articula para los niveles educativos como parte de las apuestas regionales, a través de procesos educativos rurales, que permitan por un lado el acceso a la educación rural, pero también se consoliden las capacidades rurales con las estrategias que desarrolla.
3.Inversión Educativa Rural: destinación de recursos específicos en las zonas rurales, para la implementación de los planes educativos rurales, esto pasa por el diseño de una canasta educativa rural.
Finalmente, frente a esta coyuntura de la pandemia que ha impactado fuertemente al sector económico, social y educativo y en donde se evidencian cada vez las brechas para la educación rural, por falta de condiciones en asuntos de conectividad, infraestructura, y otros más; se hace prioritario poder implementar una política educativa territorial e integral.
Es un llamado también desde la Mesa Nacional de Educaciones Rurales y las instituciones que la integran, para que tenga prioridad este tema como parte de la agenda del gobierno y se obre en pro de las educaciones rurales del país, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que por derecho merecen educación digna y oportuna.
1]https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3932_Anexo%20B_Plan%20Marco%20de%20Implementaci%C3%B3n%20(PMI).pdf
[1] Informe de Gestión Dos años Paz Con Legalidad agosto 2018- agosto 2020
La CN Colombia esta presente en los territorios de La Costa Caribe (Bolívar, Atlántico, Sucre y Córdoba) y en el Sur Occidente ( Cauca y Valle del Cauca); llegando así a más de 20000 NNAJ vinculados/as directamente. Tiene procesos de articulación con la Embajada Suiza, la Mesa de Educaciones Rurales, el Espacio de Cooperación para la Paz y La Federación Internacional de TdH.
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